Liberalismo

Escrito en 1973 para la italiana Enciclopedia del Novecento, donde el artículo aparecerá en traducción italiana aproximadamente al mismo tiempo que este libro.

1. Los diferentes conceptos de liberalismo

El término se emplea hoy con una variedad de significados que tienen poco en común más allá de describir una apertura a las ideas nuevas, incluidos algunos que se oponen directamente a los que originalmente designaba durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Lo único que aquí se considerará es esa amplia corriente de ideales políticos que durante ese periodo, bajo el nombre de liberalismo, actuó como una de las fuerzas intelectuales más influyentes en la orientación de la evolución de Europa occidental y central. Este movimiento procede, sin embargo, de dos fuentes distintas, y las dos tradiciones a las que dieron origen, aunque por lo general mezcladas en grados diversos, coexistieron solo en una asociación incómoda y deben distinguirse con claridad si se quiere comprender el desarrollo del movimiento liberal.

La una tradición, mucho más antigua que el nombre de «liberalismo», se remonta a la Antigüedad clásica y adquirió su forma moderna durante finales del siglo XVII y el siglo XVIII como las doctrinas políticas de los whigs ingleses. Proporcionó el modelo de instituciones políticas que siguió la mayor parte del liberalismo europeo del siglo XIX. Fue la libertad individual que un «gobierno bajo la ley» había asegurado a los ciudadanos de Gran Bretaña la que inspiró el movimiento por la libertad en los países del Continente, en los que el absolutismo había destruido la mayoría de las libertades medievales que en Gran Bretaña se habían conservado en buena medida. Estas instituciones, sin embargo, se interpretaron en el Continente a la luz de una tradición filosófica muy distinta de las concepciones evolutivas predominantes en Gran Bretaña, a saber, de una visión racionalista o constructivista que exigía una reconstrucción deliberada del conjunto de la sociedad conforme a principios de la razón. Este enfoque procedía de la nueva filosofía racionalista desarrollada sobre todo por René Descartes (pero también por Thomas Hobbes en Gran Bretaña) y alcanzó su mayor influencia en el siglo XVIII a través de los filósofos de la Ilustración francesa. Voltaire y J.-J. Rousseau fueron las dos figuras más influyentes del movimiento intelectual que culminó en la Revolución francesa y del que procede el tipo continental o constructivista de liberalismo. El núcleo de este movimiento, a diferencia de la tradición británica, no era tanto una doctrina política definida como una actitud mental general, una exigencia de emancipación de todo prejuicio y de toda creencia que no pudiera justificarse racionalmente, y de evasión de la autoridad de «sacerdotes y reyes». Su mejor expresión es probablemente la afirmación de B. de Spinoza de que «es un hombre libre quien vive según los dictados de la razón sola».

Estas dos corrientes de pensamiento, que aportaron los principales ingredientes de lo que en el siglo XIX vino a llamarse liberalismo, coincidían en unos pocos postulados esenciales, como la libertad de pensamiento, de palabra y de prensa, en grado suficiente para crear una oposición común a las concepciones conservadoras y autoritarias y, por tanto, para presentarse como parte de un movimiento común. La mayoría de los adeptos del liberalismo profesarían además una creencia en la libertad individual de acción y en una cierta igualdad de todos los hombres, pero un examen más detenido muestra que este acuerdo era en parte solo verbal, ya que los términos clave «libertad» e «igualdad» se empleaban con significados algo distintos. Mientras que para la tradición británica más antigua el valor principal era la libertad del individuo en el sentido de una protección por la ley frente a toda coacción arbitraria, en la tradición continental ocupaba el lugar más alto la exigencia de la autodeterminación de cada grupo respecto de su forma de gobierno. Esto condujo a una temprana asociación, y casi identificación, del movimiento continental con el movimiento por la democracia, que se ocupa de un problema distinto del que constituía la preocupación principal de la tradición liberal de tipo británico.

Durante el periodo de su formación, estas ideas, que en el siglo XIX vinieron a conocerse como liberalismo, todavía no se designaban con ese nombre. El adjetivo «liberal» asumió gradualmente su connotación política durante la última parte del siglo XVIII, cuando se empleó en frases ocasionales como aquella en que Adam Smith escribió sobre «el plan liberal de igualdad, libertad y justicia». Como nombre de un movimiento político, sin embargo, el liberalismo aparece solo a comienzos del siglo siguiente: primero cuando en 1812 lo empleó el partido español de los Liberales, y poco después cuando se adoptó como nombre de partido en Francia. En Gran Bretaña pasó a usarse así solo después de que los whigs y los radicales se unieran en un único partido que desde comienzos de la década de 1840 vino a conocerse como el Partido Liberal. Dado que los radicales se inspiraban en gran medida en lo que hemos descrito como la tradición continental, incluso el Partido Liberal inglés, en la época de su mayor influencia, se basaba en una fusión de las dos tradiciones mencionadas.

En vista de estos hechos, sería engañoso reclamar el término «liberal» exclusivamente para cualquiera de las dos tradiciones distintas. En ocasiones se han denominado, respectivamente, los tipos «inglés», «clásico» o «evolutivo», y «continental» o «constructivista». En la reseña histórica que sigue se considerarán ambos tipos, pero, como solo el primero ha desarrollado una doctrina política definida, la exposición sistemática posterior tendrá que concentrarse en él.

Conviene mencionar aquí que los EE. UU. nunca desarrollaron un movimiento liberal comparable al que afectó a la mayor parte de Europa durante el siglo XIX, compitiendo en Europa con los movimientos más jóvenes del nacionalismo y del socialismo, alcanzando la cima de su influencia en la década de 1870 y declinando luego lentamente, aunque determinando aún el clima de la vida pública hasta 1914. La razón de la ausencia de un movimiento similar en los EE. UU. radica principalmente en que las principales aspiraciones del liberalismo europeo se hallaban en gran medida incorporadas a las instituciones de los Estados Unidos desde su fundación, y en parte en que el desarrollo de los partidos políticos allí fue desfavorable al crecimiento de partidos basados en ideologías. En efecto, lo que en Europa se llama o solía llamarse «liberal» se llama hoy en los EE. UU., con cierta justificación, «conservador»; mientras que en tiempos recientes el término «liberal» se ha empleado allí para describir lo que en Europa se llamaría socialismo. Pero de Europa es igualmente cierto que ninguno de los partidos políticos que utilizan la denominación «liberal» se adhiere ya a los principios liberales del siglo XIX.

2. Las raíces clásicas y medievales

Los principios básicos a partir de los cuales los viejos whigs forjaron su liberalismo evolutivo tienen una larga prehistoria. Los pensadores del siglo XVIII que los formularon recibieron, en efecto, una gran ayuda de ideas extraídas de la Antigüedad clásica y de ciertas tradiciones medievales que en Inglaterra no habían sido extinguidas por el absolutismo.

Los primeros pueblos que habían formulado con claridad el ideal de la libertad individual fueron los antiguos griegos y, en particular, los atenienses durante el periodo clásico de los siglos V y IV a. C. La negación, por parte de algunos escritores del siglo XIX, de que los antiguos conocieran la libertad individual en el sentido moderno queda claramente refutada por episodios como aquel en que el general ateniense, en el momento de máximo peligro durante la expedición a Sicilia, recordó a los soldados que combatían por un país que les dejaba «un libre arbitrio sin trabas para vivir como quisieran». Su concepción de la libertad era la de una libertad bajo la ley, o la de un estado de cosas en el que, como rezaba la frase popular, la ley era rey. Encontró expresión, durante los primeros periodos clásicos, en el ideal de isonomía o igualdad ante la ley que, sin emplear el antiguo nombre, todavía describe con claridad Aristóteles. Esta ley incluía una protección del ámbito privado del ciudadano frente al Estado que llegaba tan lejos que incluso bajo los «Treinta Tiranos» un ciudadano ateniense estaba completamente seguro si permanecía en su casa. De Creta se llega incluso a referir (por Éforo, citado por Estrabón) que, como la libertad se consideraba el bien supremo del Estado, la constitución aseguraba «la propiedad específicamente a quienes la adquieren, mientras que en una condición de esclavitud todo pertenece a los gobernantes y no a los gobernados». En Atenas, las facultades de la asamblea popular para cambiar la ley estaban estrictamente limitadas, aunque ya encontramos los primeros casos en que tal asamblea se negaba a dejarse refrenar por la ley establecida de la acción arbitraria. Estos ideales liberales fueron desarrollados ulteriormente, en particular por los filósofos estoicos, que los extendieron más allá de los límites de la ciudad-Estado mediante su concepción de una ley de la naturaleza que limitaba las facultades de todo gobierno, y de la igualdad de todos los hombres ante esa ley.

Estos ideales griegos de libertad se transmitieron a los modernos principalmente a través de los escritos de autores romanos. Con mucho el más importante de ellos, y probablemente la única figura que, más que ninguna otra, inspiró el resurgimiento de aquellas ideas al comienzo de la era moderna, fue Marco Tulio Cicerón. Pero al menos el historiador Tito Livio y el emperador Marco Aurelio deben incluirse entre las fuentes de las que principalmente bebieron los pensadores de los siglos XVI y XVII al comienzo del desarrollo moderno del liberalismo. Roma, además, dio al menos al continente europeo un derecho privado sumamente individualista, centrado en una concepción muy estricta de la propiedad privada, un derecho, por lo demás, en el que, hasta la codificación bajo Justiniano, muy poco había interferido la legislación y que, en consecuencia, se consideraba más como una restricción que como un ejercicio de las facultades del gobierno.

Los primeros modernos podían recurrir asimismo a una tradición de libertad bajo la ley que se había conservado a lo largo de la Edad Media y que en el Continente solo se extinguió a comienzos de la era moderna con el auge de la monarquía absoluta. Como lo describe un historiador moderno (R. W. Southern),

el odio a aquello que se gobernaba, no por regla, sino por voluntad, calaba muy hondo en la Edad Media, y en ningún momento fue ese odio una fuerza tan poderosa y práctica como en la segunda mitad del periodo. . . . La ley no era el enemigo de la libertad: al contrario, el contorno de la libertad fue trazado por la desconcertante variedad de leyes que se desarrolló durante el periodo. . . . Altos y bajos por igual buscaban la libertad insistiendo en ampliar el número de reglas bajo las cuales vivían.

Esta concepción recibió un fuerte apoyo de la creencia en una ley que existía aparte de y por encima del gobierno, una concepción que en el Continente se concibió como una ley de la naturaleza, pero que en Inglaterra existía como el Common Law, que no era producto de un legislador, sino que había surgido de una búsqueda persistente de una justicia impersonal. La elaboración formal de estas ideas la llevaron a cabo en el Continente principalmente los escolásticos, después de que hubiera recibido su primera gran sistematización, sobre fundamentos derivados de Aristóteles, de manos de Tomás de Aquino; a finales del siglo XVI algunos de los filósofos jesuitas españoles la habían desarrollado hasta convertirla en un sistema de política esencialmente liberal, sobre todo en el ámbito económico, donde anticiparon mucho de lo que solo reavivaron los filósofos escoceses del siglo XVIII.

Conviene, por último, mencionar también algunos de los primeros desarrollos en las ciudades-Estado del Renacimiento italiano, especialmente Florencia, y en Holanda, en los que pudo basarse en buena medida el desarrollo inglés de los siglos XVII y XVIII.

3. La tradición whig inglesa

Fue en el curso de los debates durante la Guerra Civil inglesa y el periodo de la Commonwealth cuando quedaron finalmente articuladas las ideas del imperio o supremacía de la ley que, tras la «Revolución Gloriosa» de 1688, se convirtieron en los principios rectores del Partido Whig que aquella llevó al poder. Las formulaciones clásicas las proporcionó el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1689) de John Locke, que, sin embargo, ofrece en algunos aspectos una interpretación de las instituciones aún más racionalista de lo que llegó a ser característico de los pensadores británicos del siglo XVIII. (Un relato más completo tendría que considerar también los escritos de Algernon Sidney y Gilbert Burnet como tempranos expositores de la doctrina whig.) Fue asimismo durante este periodo cuando surgió esa estrecha asociación del movimiento liberal británico con las clases comerciales e industriales predominantemente inconformistas y calvinistas, que siguió siendo característica del liberalismo británico hasta tiempos recientes. Si esto significaba meramente que las mismas clases que desarrollaron un espíritu de empresa comercial eran también más receptivas al protestantismo calvinista, o si estas concepciones religiosas condujeron de manera más directa a los principios liberales de la política, es una cuestión muy discutida que aquí no puede examinarse más a fondo. Pero el hecho de que la lucha entre sectas religiosas inicialmente muy intolerantes produjera al final principios de tolerancia, y de que el movimiento liberal británico permaneciera estrechamente vinculado al protestantismo calvinista, está fuera de toda duda.

En el curso del siglo XVIII, la doctrina whig de un gobierno limitado por reglas generales de derecho y de severas restricciones a las facultades del ejecutivo se convirtió en doctrina británica característica. Se dio a conocer al mundo en general principalmente a través del Esprit des lois (1748) de Montesquieu y de los escritos de otros autores franceses, en particular Voltaire. En Gran Bretaña los fundamentos intelectuales fueron desarrollados ulteriormente sobre todo por los filósofos morales escoceses, ante todo David Hume y Adam Smith, así como por algunos de sus contemporáneos ingleses y sus sucesores inmediatos. Hume no solo sentó en su obra filosófica los fundamentos de la teoría liberal del derecho, sino que en su History of England (1754-62) ofreció además una interpretación de la historia inglesa como el surgimiento gradual del imperio de la ley que dio a conocer esta concepción mucho más allá de los límites de Gran Bretaña. La contribución decisiva de Adam Smith fue la descripción de un orden que se genera a sí mismo y que se formaba espontáneamente si los individuos se veían refrenados por reglas de derecho apropiadas. Su Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations marca, quizá más que ninguna otra obra individual, el comienzo del desarrollo del liberalismo moderno. Hizo comprender a la gente que aquellas restricciones a las facultades del gobierno, que habían tenido su origen en la mera desconfianza hacia todo poder arbitrario, se habían convertido en la principal causa de la prosperidad económica de Gran Bretaña.

Los comienzos de un movimiento liberal en Gran Bretaña pronto se vieron interrumpidos, sin embargo, por una reacción contra la Revolución francesa y por una desconfianza hacia sus admiradores en Inglaterra, que se esforzaban por importar a Inglaterra las ideas del liberalismo continental o constructivista. El fin de este temprano desarrollo inglés del liberalismo lo marca la obra de Edmund Burke, quien, tras su brillante reformulación de la doctrina whig en defensa de los colonos americanos, se volvió violentamente contra las ideas de la Revolución francesa.

Solo tras el fin de las guerras napoleónicas se reanudó el desarrollo basado en la doctrina de los viejos whigs y de Adam Smith. El desarrollo intelectual ulterior fue guiado en gran medida por un grupo de discípulos de los filósofos morales escoceses que se reunían en torno a la Edinburgh Review, en su mayoría economistas en la tradición de Adam Smith; la pura doctrina whig fue reformulada una vez más, en una forma que influyó ampliamente en el pensamiento continental, por el historiador T. B. Macaulay, quien hizo para el siglo XIX lo que Hume había hecho en su obra histórica para el siglo XVIII. Ya entonces, sin embargo, este desarrollo corría paralelo al rápido crecimiento de un movimiento radical cuyos líderes llegaron a ser los benthamitas «radicales filosóficos» y que se remontaba más a la tradición continental que a la británica. Fue en última instancia de la fusión de estas tradiciones de donde surgió en la década de 1830 el partido político que, desde alrededor de 1842, vino a conocerse como el Partido Liberal, y que durante el resto del siglo siguió siendo el más importante representante del movimiento liberal en Europa.

Mucho antes, sin embargo, otra contribución decisiva había llegado de América. La formulación explícita por los antiguos colonos británicos, en una constitución escrita, de lo que entendían como los elementos esenciales de la tradición británica de la libertad, destinada a limitar las facultades del gobierno, y especialmente la enunciación de las libertades fundamentales en una Carta de Derechos, proporcionó un modelo de instituciones políticas que afectó profundamente al desarrollo del liberalismo en Europa. Aunque los Estados Unidos, precisamente porque su pueblo sentía que ya había incorporado las salvaguardias de la libertad en sus instituciones políticas, nunca desarrollaron un movimiento liberal diferenciado, para los europeos se convirtieron en la tierra soñada de la libertad y en el ejemplo que inspiró las aspiraciones políticas tanto como lo habían hecho las instituciones inglesas durante el siglo XVIII.

4. El desarrollo del liberalismo continental

Las ideas radicales de los filósofos de la Ilustración francesa, principalmente en la forma en que las habían aplicado a los problemas políticos Turgot, Condorcet y el abate Sieyès, dominaron en gran medida la opinión progresista en Francia y en los países contiguos del Continente durante los periodos revolucionario y napoleónico; pero de un movimiento liberal definido solo cabe hablar después de la Restauración. En Francia alcanzó su apogeo durante la Monarquía de Julio (1830-48), pero después de ese periodo quedó confinado a una pequeña élite. Estaba compuesto de varias corrientes de pensamiento distintas. Un importante intento de sistematizar y adaptar a las condiciones continentales lo que él consideraba la tradición británica lo realizó Benjamin Constant, y fue desarrollado ulteriormente durante las décadas de 1830 y 1840 por un grupo conocido como los «doctrinarios» bajo la dirección de F. P. G. Guizot. Su programa, conocido como «garantismo», era en esencia una doctrina de limitaciones constitucionales del gobierno. Para esta doctrina constitucional, que constituía la parte más importante del movimiento liberal continental de la primera mitad del siglo XIX, la constitución de 1831 del recién creado Estado belga sirvió de importante modelo. A esta tradición, derivada en buena medida de Gran Bretaña, perteneció también el pensador liberal francés quizá más importante, Alexis de Tocqueville.

El rasgo que, sin embargo, distinguía en gran medida el tipo de liberalismo predominante en el Continente del británico fue desde el principio lo que mejor se describe como su aspecto librepensador, que se expresaba en una actitud fuertemente anticlerical, antirreligiosa y, en general, antitradicionalista. No solo en Francia, sino también en las demás partes católico-romanas de Europa, el conflicto continuo con la Iglesia de Roma llegó a ser tan característico del liberalismo que a muchas personas les parecía su rasgo primario, sobre todo después de que, en la segunda mitad del siglo, la Iglesia emprendiera la lucha contra el «modernismo» y, por tanto, contra la mayoría de las demandas de reforma liberal.

Durante la primera mitad del siglo, hasta las revoluciones de 1848, el movimiento liberal en Francia, así como en la mayor parte del resto de Europa occidental y central, también había estado mucho más estrechamente aliado con el movimiento democrático que en el caso del liberalismo británico. De hecho, fue en gran medida desplazado por él y por el nuevo movimiento socialista durante la segunda mitad del siglo. Salvo durante un breve período hacia mediados del siglo, cuando el movimiento en favor del libre comercio reagrupó a los grupos liberales, el liberalismo no volvió a desempeñar un papel importante en el desarrollo político de Francia, ni tampoco, después de 1848, hicieron los pensadores franceses ninguna contribución importante a su doctrina.

Un papel algo más importante desempeñó el movimiento liberal en Alemania, y sí tuvo lugar un desarrollo más definido durante los tres primeros cuartos del siglo XIX. Aunque muy influidas por las ideas procedentes de Gran Bretaña y de Francia, estas fueron transformadas por las ideas de los tres liberales alemanes más grandes y más tempranos: el filósofo Immanuel Kant, el erudito y estadista Wilhelm von Humboldt y el poeta Friedrich Schiller. Kant había aportado una teoría de líneas semejantes a las de David Hume, centrada en los conceptos del derecho como protección de la libertad individual y del imperio de la ley (o el Rechtsstaat, como llegó a conocerse en Alemania); Humboldt había desarrollado, en una obra temprana, Sobre la esfera y los deberes del gobierno (1792), la imagen de un Estado enteramente limitado al mantenimiento del orden y la ley — un libro del que en su momento solo se publicó una pequeña parte, pero que, cuando finalmente se publicó (y se tradujo al inglés) en 1854, ejerció amplia influencia no solo en Alemania, sino también sobre pensadores tan diversos como J. S. Mill en Inglaterra y E. Laboulaye en Francia. El poeta Schiller, en fin, hizo probablemente más que cualquier otra persona individual por familiarizar a todo el público culto de Alemania con el ideal de la libertad personal.

Hubo un comienzo temprano hacia una política liberal en Prusia durante las reformas del Freiherr vom Stein, pero a él le siguió otro período de reacción tras el fin de las guerras napoleónicas. Solo en la década de 1830 comenzó a desarrollarse un movimiento liberal general, que, sin embargo, desde el principio, como ocurrió también en Italia, estuvo estrechamente asociado a un movimiento nacionalista que aspiraba a la unificación del país. En general, el liberalismo alemán fue principalmente un movimiento constitucionalista que en el norte de Alemania se guiaba algo más por el ejemplo británico, mientras que en el sur el modelo francés era más influyente. Esto se manifestó sobre todo en una actitud distinta ante el problema de limitar los poderes discrecionales del gobierno, lo que en el norte produjo una concepción bastante estricta del imperio de la ley (o el Rechtsstaat), mientras que en el sur se guiaba más por la interpretación francesa de la separación de poderes, que subrayaba la independencia de la administración respecto de los tribunales ordinarios. En el sur, sin embargo, y especialmente en Baden y Wurtemberg, se desarrolló un grupo más activo de teóricos liberales en torno al Staatslexicon de C. von Rotteck y C. T. Welcker, que en el período anterior a la revolución de 1848 se convirtió en el principal centro del pensamiento liberal alemán. El fracaso de aquella revolución trajo otro breve período de reacción, pero en la década de 1860 y a comienzos de la de 1870 pareció por un tiempo como si también Alemania se moviera rápidamente hacia un orden liberal. Fue durante este período cuando se llevaron a término las reformas constitucionales y jurídicas destinadas a establecer definitivamente el Rechtsstaat. Mediados de la década de 1870 deben considerarse probablemente el momento en que el movimiento liberal en Europa había alcanzado su mayor influencia y su expansión más oriental. Con el retorno alemán al proteccionismo en 1878, y las nuevas políticas sociales iniciadas por Bismarck aproximadamente en la misma época, comenzó el retroceso del movimiento. El partido liberal, que había florecido durante poco más de una docena de años, declinó rápidamente.

Tanto en Alemania como en Italia el declive del movimiento liberal se inició cuando perdió su asociación con el movimiento por la unificación nacional, y la unidad ya alcanzada dirigió la atención hacia el fortalecimiento de los nuevos Estados, y cuando, además, los comienzos de un movimiento obrero privaron al liberalismo de la posición de partido «avanzado» que hasta entonces había apoyado la parte políticamente activa de la clase trabajadora.

5. El liberalismo clásico británico

Durante la mayor parte del siglo XIX, el país europeo que parecía más próximo a una realización de los principios liberales era Gran Bretaña. Allí la mayoría de ellos parecían ser aceptados no solo por un poderoso Partido Liberal, sino por la mayoría de la población, e incluso los conservadores se convertían a menudo en el instrumento de la realización de reformas liberales. Los grandes acontecimientos tras los cuales Gran Bretaña pudo aparecer ante el resto de Europa como el modelo representativo de un orden liberal fueron la emancipación católica de 1829, la Ley de Reforma de 1832 y la derogación de las leyes de cereales por el conservador sir Robert Peel en 1846. Puesto que para entonces las principales demandas del liberalismo en materia de política interna estaban satisfechas, la agitación se concentró en el establecimiento del libre comercio. El movimiento iniciado por la Petición de los Comerciantes de 1820, y proseguido de 1836 a 1846 por la Anti-Corn-Law League, fue desarrollado en particular por un grupo de radicales que, bajo la dirección de Richard Cobden y John Bright, adoptaron una posición de laissez faire algo más extrema de lo que habrían exigido los principios liberales de Adam Smith y de los economistas clásicos que lo siguieron. Su predominante posición librecambista se combinaba con una fuerte actitud antiimperialista, antiintervencionista y antimilitarista, y con una aversión a toda expansión de los poderes gubernamentales; el incremento del gasto público lo consideraban debido principalmente a intervenciones indeseables en los asuntos de ultramar. Su oposición se dirigía sobre todo contra la expansión de los poderes del gobierno central, y la mayor parte de las mejoras se esperaban de los esfuerzos autónomos, ya fuera del gobierno local o de las organizaciones voluntarias. «Paz, reducción del gasto y reforma» se convirtió en la consigna liberal de este período, refiriéndose la «reforma» más a la abolición de viejos abusos y privilegios que a la extensión de la democracia, con la cual el movimiento solo se asoció más estrechamente en la época de la Segunda Ley de Reforma de 1867. El movimiento había alcanzado su clímax con el Tratado Cobden con Francia de 1860, un tratado comercial que condujo al establecimiento del libre comercio en Gran Bretaña y a una extendida expectativa de que el libre comercio pronto prevalecería universalmente. En aquella época surgió también en Gran Bretaña, como figura principal del movimiento liberal, W. E. Gladstone, quien, primero como ministro de Hacienda y luego como primer ministro liberal, llegó a ser ampliamente considerado como la encarnación viva de los principios liberales, especialmente, tras la muerte de Palmerston en 1865, en lo relativo a la política exterior, con John Bright como su principal colaborador. Con él revivió también la antigua asociación del liberalismo británico con fuertes convicciones morales y religiosas.

En la esfera intelectual, durante la segunda mitad del siglo XIX se discutieron intensamente los principios básicos del liberalismo. En el filósofo Herbert Spencer halló un eficaz expositor una defensa extrema de un Estado mínimo individualista, semejante a la posición de W. von Humboldt. Pero John Stuart Mill, en su célebre libro Sobre la libertad (1859), dirigió su crítica principalmente contra la tiranía de la opinión más que contra los actos del gobierno, y, mediante su defensa de la justicia distributiva y una actitud generalmente comprensiva hacia las aspiraciones socialistas en algunas de sus otras obras, preparó la transición gradual de una gran parte de los intelectuales liberales hacia un socialismo moderado. Esta tendencia se vio notablemente reforzada por la influencia del filósofo T. H. Green, quien subrayó las funciones positivas del Estado frente a la concepción predominantemente negativa de la libertad de los liberales más antiguos.

Pero aunque el último cuarto del siglo XIX vio ya mucha crítica interna de las doctrinas liberales dentro del campo liberal, y aunque el Partido Liberal comenzaba a perder apoyo en favor del nuevo movimiento obrero, el predominio de las ideas liberales en Gran Bretaña se prolongó hasta bien entrado el siglo XX y logró derrotar un resurgimiento de las demandas proteccionistas, si bien el Partido Liberal no pudo evitar una infiltración progresiva por elementos intervencionistas e imperialistas. Quizá el gobierno de H. Campbell-Bannerman (1905-8) deba considerarse el último gobierno liberal del viejo tipo, mientras que bajo su sucesor, H. H. Asquith, se emprendieron nuevos experimentos de política social que solo de manera dudosa eran compatibles con los principios liberales más antiguos. Pero, en conjunto, puede decirse que la era liberal de la política británica duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, y que la influencia dominante de las ideas liberales en Gran Bretaña solo se vio terminada por los efectos de esta guerra.

6. El declive del liberalismo

Aunque algunos de los estadistas europeos de más edad y otros dirigentes en los asuntos prácticos seguían guiándose, tras la Primera Guerra Mundial, por una visión esencialmente liberal, y aunque al principio se hicieron intentos de restaurar las instituciones políticas y económicas del período anterior a la guerra, varios factores hicieron que la influencia del liberalismo declinara de forma sostenida hasta la Segunda Guerra Mundial. El más importante fue que el socialismo, particularmente en la opinión de una gran parte de los intelectuales, había sustituido al liberalismo como movimiento progresista. La discusión política se desarrollaba así principalmente entre socialistas y conservadores, apoyando ambos crecientes actividades del Estado, aunque con fines distintos. Las dificultades económicas, el desempleo y las monedas inestables parecían exigir un control mucho mayor de la economía por parte del gobierno y condujeron a un resurgimiento del proteccionismo y de otras políticas nacionalistas. Un rápido crecimiento del aparato burocrático del gobierno y la adquisición por su parte de poderes discrecionales de gran alcance fueron la consecuencia. Estas tendencias, ya fuertes durante el primer decenio de posguerra, se hicieron aún más marcadas durante la Gran Depresión que siguió al crac estadounidense de 1929. El abandono definitivo del patrón oro y el retorno al proteccionismo por parte de Gran Bretaña en 1931 parecieron señalar el fin definitivo de una economía mundial libre. El auge de regímenes dictatoriales o totalitarios en grandes partes de Europa no solo extinguió los débiles grupos liberales que habían permanecido en los países directamente afectados, sino que la amenaza de guerra que produjo condujo, incluso en Europa occidental, a un dominio creciente del gobierno sobre los asuntos económicos y a una tendencia hacia la autosuficiencia nacional.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se produjo una vez más un resurgimiento temporal de las ideas liberales, debido en parte a una nueva conciencia del carácter opresor de toda clase de regímenes totalitarios, y en parte al reconocimiento de que los obstáculos al comercio internacional que habían surgido durante el período de entreguerras habían sido en gran medida responsables de la depresión económica. El logro representativo fue el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1948, pero los intentos de crear una unidad económica mayor, como el Mercado Común y la EFTA, también apuntaban ostensiblemente en la misma dirección. Con todo, el acontecimiento más notable que parecía prometer un retorno a los principios económicos liberales fue la extraordinaria recuperación económica de la Alemania derrotada, que, por iniciativa de Ludwig Erhard, se había comprometido explícitamente con lo que se denominó una «economía social de mercado» y, como resultado, pronto superó en prosperidad a las naciones vencedoras. Estos acontecimientos inauguraron un período de gran prosperidad sin precedentes que durante un tiempo hizo parecer probable que un régimen económico esencialmente liberal pudiera volver a establecerse de manera duradera en Europa occidental y central. También en la esfera intelectual el período trajo renovados esfuerzos por reformular y mejorar los principios de la política liberal. Pero los empeños por prolongar la prosperidad y por asegurar el pleno empleo mediante la expansión del dinero y del crédito acabaron por crear un desarrollo inflacionario a escala mundial al que el empleo se ajustó de tal modo que la inflación no podía interrumpirse sin producir un desempleo extenso. Ahora bien, una economía de mercado en funcionamiento no puede mantenerse bajo una inflación acelerada, aunque solo sea porque los gobiernos pronto se sentirán obligados a combatir los efectos de la inflación mediante el control de los precios y de los salarios. La inflación ha conducido siempre y en todas partes a una economía dirigida, y no es sino demasiado probable que el compromiso con una política inflacionaria signifique la destrucción de la economía de mercado y la transición a un sistema económico y político totalitario dirigido de forma centralizada.

En la actualidad, los defensores de la posición liberal clásica han vuelto a reducirse a un número muy pequeño, principalmente economistas. Y el nombre «liberal» está llegando a usarse, incluso en Europa, como desde hace algún tiempo ocurre en los Estados Unidos, como denominación de aspiraciones esencialmente socialistas, porque, en palabras de J. A. Schumpeter, «como supremo aunque involuntario cumplido, los enemigos del sistema de la empresa privada han considerado conveniente apropiarse de la etiqueta».

7. La concepción liberal de la libertad

Puesto que solo el tipo «británico» o evolutivo de liberalismo ha desarrollado un programa político definido, un intento de exposición sistemática de los principios del liberalismo tendrá que concentrarse en él, y las concepciones del tipo «continental» o constructivista solo se mencionarán ocasionalmente a modo de contraste. Este hecho exige también el rechazo de otra distinción frecuentemente trazada en el Continente, pero inaplicable al tipo británico: la que se establece entre liberalismo político y liberalismo económico (elaborada en especial por el filósofo italiano Benedetto Croce como la distinción entre liberalismo y liberismo). Para la tradición británica, ambos son inseparables, porque el principio básico de la limitación de los poderes coercitivos del gobierno a la imposición de normas generales de conducta justa priva al gobierno del poder de dirigir o controlar las actividades económicas de los individuos, mientras que la atribución de tales poderes confiere al gobierno un poder esencialmente arbitrario y discrecional que no puede sino restringir incluso la libertad en la elección de los fines individuales que todos los liberales quieren asegurar. La libertad bajo la ley implica libertad económica, mientras que el control económico, en cuanto control de los medios para todos los fines, hace posible una restricción de toda libertad.

Es en esta conexión donde el aparente acuerdo de las distintas clases de liberalismo en la demanda de la libertad del individuo, y el respeto por la personalidad individual que ello implica, oculta una diferencia importante. Durante el apogeo del liberalismo, este concepto de libertad tenía un significado bastante definido: significaba primordialmente que la persona libre no estaba sujeta a coacción arbitraria. Pero, para el hombre que vive en sociedad, la protección contra tal coacción exigía una restricción sobre todos los hombres, que los privara de la posibilidad de coaccionar a otros. La libertad para todos solo podía lograrse si, en la célebre fórmula de Immanuel Kant, la libertad de cada uno no se extendía más allá de lo que era compatible con una libertad igual para todos los demás. La concepción liberal de la libertad era, por tanto, necesariamente la de una libertad bajo una ley que limitaba la libertad de cada uno de modo que asegurara la misma libertad para todos. No significaba lo que a veces se ha descrito como la «libertad natural» de un individuo aislado, sino la libertad posible en sociedad y restringida por las normas que fueran necesarias para proteger la libertad de los demás. El liberalismo, en este aspecto, ha de distinguirse netamente del anarquismo. Reconoce que, si todos han de ser tan libres como sea posible, la coacción no puede eliminarse por completo, sino solo reducirse a ese mínimo que es necesario para impedir que individuos o grupos coaccionen arbitrariamente a otros. Era una libertad dentro de un ámbito circunscrito por normas conocidas, lo que hacía posible que el individuo evitara ser coaccionado mientras se mantuviera dentro de esos límites.

Esta libertad solo podía asegurarse, además, a quienes eran capaces de obedecer las normas destinadas a garantizarla. Solo los adultos y las personas en su sano juicio, a quienes se presumía plenamente responsables de sus actos, eran considerados plenamente acreedores a esa libertad, mientras que diversos grados de tutela se consideraban apropiados en el caso de los niños y de las personas que no estaban en plena posesión de sus facultades mentales. Y, por infracción de las normas destinadas a asegurar la misma libertad para todos, una persona podía, como pena, perder esa exención de coacción de la que disfrutaban quienes las obedecían.

Esta libertad, así conferida a todos los juzgados responsables de sus actos, los hacía también responsables de su propio destino: mientras que la protección de la ley había de ayudar a todos en la prosecución de sus fines, no se suponía que el gobierno garantizara a los individuos determinados resultados de sus esfuerzos. Capacitar al individuo para emplear su conocimiento y sus aptitudes en la prosecución de los fines elegidos por él mismo se consideraba a la vez como el mayor beneficio que el gobierno podía asegurar a todos y como la mejor manera de inducir a esos individuos a hacer la mayor contribución al bienestar de los demás. Suscitar los mejores esfuerzos para los que un individuo estaba capacitado por sus circunstancias y capacidades particulares, que ninguna autoridad podía conocer, se consideraba la principal ventaja que la libertad de cada uno conferiría a todos los demás.

La concepción liberal de la libertad ha sido descrita a menudo como una concepción meramente negativa, y con razón. Al igual que la paz y la justicia, se refiere a la ausencia de un mal, a una condición que abre oportunidades pero que no asegura beneficios particulares; aunque se esperaba que aumentara la probabilidad de que estuvieran disponibles los medios necesarios para los fines perseguidos por los distintos individuos. La exigencia liberal de libertad es, por tanto, una exigencia de eliminar todos los obstáculos creados por el hombre a los esfuerzos individuales, no una pretensión de que la comunidad o el Estado deban suministrar bienes particulares. No excluye tal acción colectiva allí donde parezca necesaria, o al menos una manera más eficaz de asegurar ciertos servicios, pero la considera una cuestión de conveniencia y, como tal, limitada por el principio fundamental de la igual libertad bajo la ley. El declive de la doctrina liberal, que comienza en la década de 1870, está estrechamente ligado a una reinterpretación de la libertad como el dominio sobre los medios para alcanzar una gran variedad de fines particulares y, por lo general, como la provisión de tales medios por parte del Estado.

8. La concepción liberal de la ley

El significado de la concepción liberal de la libertad bajo la ley, o de la ausencia de coacción arbitraria, depende del sentido que en este contexto se atribuya a «ley» y a «arbitrario». Se debe en parte a las diferencias en los usos de estas expresiones que dentro de la tradición liberal exista un conflicto entre aquellos para quienes, como para John Locke, la libertad solo podía existir bajo la ley («pues ¿quién podría ser libre si el capricho de cualquier otro hombre pudiera dominarlo?»), mientras que para muchos de los liberales continentales y para Jeremy Bentham, como este último lo expresó, «toda ley es un mal, pues toda ley es una infracción de la libertad».

Es cierto, por supuesto, que la ley puede emplearse para destruir la libertad. Pero no todo producto de la legislación es una ley en el sentido en que John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant o los whigs ingleses posteriores consideraban la ley como salvaguarda de la libertad. Lo que tenían en mente cuando hablaban de la ley como salvaguarda indispensable de la libertad eran únicamente aquellas reglas de conducta justa que constituyen el derecho privado y el derecho penal, pero no toda orden emitida por la autoridad legislativa. Para tener la condición de ley, en el sentido en que se usaba en la tradición liberal británica para describir las condiciones de la libertad, las reglas impuestas por el gobierno debían poseer ciertos atributos que una ley como el Common Law inglés poseía por necesidad, pero que los productos de la legislación no necesitan poseer: deben ser reglas generales de conducta individual, aplicables por igual a todos en un número desconocido de casos futuros, que definan el ámbito protegido de los individuos y que, por lo tanto, tengan en esencia el carácter de prohibiciones más que de mandatos específicos. Son, por consiguiente, también inseparables de la institución de la propiedad individual. Era dentro de los límites determinados por estas reglas de conducta justa que se suponía que el individuo era libre de usar su propio conocimiento y sus propias aptitudes en la consecución de sus propios fines de cualquier modo que le pareciera apropiado.

Los poderes coercitivos del gobierno debían, por tanto, limitarse a hacer cumplir esas reglas de conducta justa. Esto, salvo para un ala extrema de la tradición liberal, no excluía que el gobierno prestara también otros servicios a los ciudadanos. Significaba únicamente que, cualesquiera otros servicios que se pudiera requerir del gobierno que prestara, este solo podía emplear para tales fines los recursos puestos a su disposición, pero no podía coaccionar al ciudadano privado; o, en otras palabras, la persona y la propiedad del ciudadano no podían ser utilizadas por el gobierno como un medio para la consecución de sus fines particulares. En este sentido, un acto de la legislatura debidamente autorizada podía ser tan arbitrario como un acto de un autócrata; en efecto, cualquier mandato o prohibición dirigido a personas o grupos particulares, y que no se derivara de una regla de aplicabilidad universal, se consideraría arbitrario. Lo que hace, pues, arbitrario un acto de coacción, en el sentido en que se emplea el término en la antigua tradición liberal, es que sirve a un fin particular del gobierno, que está determinado por un acto específico de voluntad y no por una regla universal necesaria para el mantenimiento de ese orden general de las acciones que se genera por sí mismo, al que sirven todas las demás reglas impuestas de conducta justa.

9. La ley y el orden espontáneo de las acciones

La importancia que la teoría liberal atribuía a las reglas de conducta justa se basa en la comprensión de que son una condición esencial para el mantenimiento de un orden, generado por sí mismo o espontáneo, de las acciones de los distintos individuos y grupos, cada uno de los cuales persigue sus propios fines sobre la base de su propio conocimiento. Al menos los grandes fundadores de la teoría liberal en el siglo XVIII, David Hume y Adam Smith, no suponían una armonía natural de los intereses, sino que más bien sostenían que los intereses divergentes de los distintos individuos podían reconciliarse mediante la observancia de reglas de conducta apropiadas; o, como lo expresó su contemporáneo Josiah Tucker, que «el motor universal de la naturaleza humana, el amor propio, puede recibir tal dirección [...] que promueva el interés público mediante aquellos esfuerzos que realice para perseguir el suyo propio». Aquellos escritores del siglo XVIII eran, en efecto, tanto filósofos del derecho como estudiosos del orden económico, y su concepción de la ley y su teoría del mecanismo del mercado están estrechamente conectadas. Comprendieron que solo el reconocimiento de ciertos principios de derecho, principalmente la institución de la propiedad individual y la imposición del cumplimiento de los contratos, aseguraría un ajuste mutuo de los planes de acción de los individuos separados tal que todos pudieran tener una buena posibilidad de llevar a cabo los planes de acción que hubieran formado. Fue, como la teoría económica posterior puso de relieve con mayor claridad, este ajuste mutuo de los planes individuales lo que permitió a las personas servirse unas a otras mientras empleaban sus distintos conocimientos y aptitudes al servicio de sus propios fines.

La función de las reglas de conducta no era, por tanto, organizar los esfuerzos individuales hacia fines particulares acordados, sino asegurar un orden general de las acciones dentro del cual cada uno pudiera beneficiarse lo más posible de los esfuerzos de los demás en la consecución de sus propios fines. Las reglas conducentes a la formación de tal orden espontáneo se consideraban el producto de una larga experimentación en el pasado. Y aunque se las consideraba susceptibles de mejora, se pensaba que tal mejora debía proceder lentamente y paso a paso, a medida que la nueva experiencia la mostrara como deseable.

Se pensaba que la gran ventaja de tal orden generado por sí mismo no consistía únicamente en que dejaba a los individuos libres para perseguir sus propios fines, fueran estos egoístas o altruistas. Consistía también en que hacía posible la utilización del conocimiento ampliamente disperso de las circunstancias particulares de tiempo y lugar, que existe solo como el conocimiento de aquellos distintos individuos y que de ningún modo posible podría ser poseído por una única autoridad rectora. Es esta utilización de un mayor conocimiento de hechos particulares de lo que sería posible bajo cualquier sistema de dirección central de la actividad económica lo que produce un producto agregado de la sociedad tan grande como pueda producirse por cualquier medio conocido.

Pero, si bien dejar la formación de tal orden a las fuerzas espontáneas del mercado, que operan bajo la restricción de reglas de derecho apropiadas, asegura un orden más amplio y una adaptación más completa a las circunstancias particulares, ello significa también que los contenidos particulares de este orden no estarán sujetos a un control deliberado, sino que quedan en gran medida librados al azar. El marco de las reglas de derecho, y todas las diversas instituciones especiales que sirven a la formación del orden de mercado, solo pueden determinar su carácter general o abstracto, pero no sus efectos específicos sobre individuos o grupos particulares. Aunque su justificación consiste en que aumenta las posibilidades de todos, y en que hace que la posición de cada uno dependa en gran medida de sus propios esfuerzos, deja, no obstante, el resultado para cada individuo y grupo dependiente también de circunstancias imprevistas que ni ellos ni nadie más pueden controlar. Desde Adam Smith, el proceso por el cual se determinan las participaciones de los individuos en una economía de mercado se ha comparado, por ello, a menudo con un juego en el que los resultados de cada uno dependen en parte de su destreza y esfuerzo y en parte del azar. Los individuos tienen razones para convenir en jugar este juego porque hace que el fondo común del que se extraen las participaciones individuales sea mayor de lo que puede hacerse por cualquier otro método. Pero, al mismo tiempo, hace que la participación de cada individuo esté sujeta a toda clase de azares y ciertamente no asegura que siempre corresponda a los méritos subjetivos ni a la estima que otros tengan de los esfuerzos individuales.

Antes de considerar más a fondo los problemas de la concepción liberal de la justicia que esto plantea, es necesario considerar ciertos principios constitucionales en los que llegó a plasmarse la concepción liberal de la ley.

10. Los derechos naturales, la separación de poderes y la soberanía

El principio liberal fundamental de limitar la coacción a la imposición de reglas generales de conducta justa rara vez se ha enunciado de esta forma explícita, sino que por lo general ha encontrado expresión en dos concepciones características del constitucionalismo liberal: la de los derechos inviolables o naturales del individuo (descritos también como derechos fundamentales o derechos del hombre) y la de la separación de poderes. Como lo expresó la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a la vez el enunciado más conciso y más influyente de los principios liberales: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución».

La idea de garantizar de manera especial ciertos derechos fundamentales, tales como «la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión» y, más específicamente, libertades como las de opinión, de palabra, de reunión y de prensa, que aparecen por primera vez en el curso de la revolución americana, no es, sin embargo, sino una aplicación del principio liberal general a ciertos derechos que se consideraban particularmente importantes y que, al limitarse a derechos enumerados, no llega tan lejos como el principio general. Que no son sino aplicaciones particulares del principio general se desprende del hecho de que ninguno de estos derechos básicos se trata como un derecho absoluto, sino que todos ellos se extienden solo en la medida en que no estén limitados por leyes generales. Sin embargo, dado que, según el más general de los principios liberales, toda acción coercitiva del gobierno ha de limitarse a la imposición de tales reglas generales, todos los derechos básicos enumerados en cualquiera de los catálogos o declaraciones de derechos protegidos, y muchos otros nunca plasmados en tales documentos, quedarían asegurados por una sola cláusula que enunciara ese principio general. Como es cierto respecto de la libertad económica, todas las demás libertades quedarían aseguradas si las actividades de los individuos no pudieran ser limitadas por prohibiciones específicas (ni por la exigencia de permisos específicos), sino únicamente por reglas generales igualmente aplicables a todos.

El principio de la separación de poderes, en su sentido original, es también una aplicación del mismo principio general, pero solo en la medida en que, en la distinción entre los tres poderes de legislación, jurisdicción y administración, el término «ley» se entienda, como sin duda lo entendían los primeros proponentes del principio, en el sentido estricto de reglas generales de conducta justa. Mientras la legislatura solo pudiera aprobar leyes en este sentido estricto, los tribunales solo podrían ordenar (y el ejecutivo solo aplicar) la coacción a fin de asegurar la obediencia a tales reglas generales. Esto, sin embargo, sería cierto únicamente en la medida en que el poder de la legislatura estuviera circunscrito a establecer tales leyes en sentido estricto (como en opinión de John Locke debería estarlo), pero no si la legislatura pudiera dar al ejecutivo cualesquiera órdenes que considerara oportunas, y si cualquier acción del ejecutivo así autorizada se considerara legítima. Allí donde la asamblea representativa, llamada legislatura, se ha convertido, como ha ocurrido en todos los Estados modernos, en la suprema autoridad gubernamental que dirige la acción del ejecutivo en asuntos particulares, y la separación de poderes significa meramente que el ejecutivo no debe hacer nada que no esté así autorizado, esto no asegura que la libertad del individuo quede restringida únicamente por leyes en el sentido estricto en que la teoría liberal empleaba el término.

La limitación de los poderes de la legislatura que estaba implícita en la concepción original de la separación de poderes implica también un rechazo de la idea de todo poder ilimitado o soberano, o al menos de toda autoridad de un poder organizado para hacer lo que le plazca. La negativa a reconocer tal poder soberano, muy clara en John Locke y que reaparece una y otra vez en la doctrina liberal posterior, es uno de los principales puntos en los que esta choca con las concepciones hoy predominantes del positivismo jurídico. Niega la necesidad lógica de derivar todo poder legítimo de una única fuente soberana, o de cualquier «voluntad» organizada, sobre la base de que tal limitación de todo poder organizado puede ser producida por un estado general de opinión que rehúsa lealtad a cualquier poder (o voluntad organizada) que emprenda una acción de un tipo que esta opinión general no autoriza. Cree que incluso una fuerza como la opinión general, aunque no sea capaz de formular actos específicos de voluntad, puede sin embargo limitar el poder legítimo de todos los órganos de gobierno a acciones que posean ciertos atributos generales.

11. El liberalismo y la justicia

Estrechamente conectada con la concepción liberal de la ley está la concepción liberal de la justicia. Difiere de la que ahora se sostiene ampliamente en dos aspectos importantes: se funda en la creencia en la posibilidad de descubrir reglas objetivas de conducta justa independientes de los intereses particulares; y se ocupa únicamente de la justicia de la conducta humana, o de las reglas que la rigen, y no de los resultados particulares de tal conducta sobre la posición de los distintos individuos o grupos. Especialmente en contraste con el socialismo, puede decirse que el liberalismo se ocupa de la justicia conmutativa y no de lo que se denomina justicia distributiva o, ahora con mayor frecuencia, «social».

La creencia en la existencia de reglas de conducta justa que pueden descubrirse, pero no crearse arbitrariamente, descansa en el hecho de que la gran mayoría de tales reglas serán en todo momento aceptadas sin discusión, y en que toda duda acerca de la justicia de una regla particular debe resolverse dentro del contexto de este cuerpo de reglas generalmente aceptadas, de tal manera que la regla que se acepte sea compatible con las demás: es decir, debe servir a la formación de la misma clase de orden abstracto de las acciones al que sirven todas las demás reglas de conducta justa, y no debe entrar en conflicto con las exigencias de ninguna de estas reglas. La prueba de la justicia de cualquier regla particular es, así, si es posible su aplicación universal porque resulta ser coherente con todas las demás reglas aceptadas.

Con frecuencia se alega que esta creencia del liberalismo en una justicia independiente de los intereses particulares depende de una concepción de un derecho natural que el pensamiento moderno ha rechazado de manera concluyente. Sin embargo, solo puede presentarse como dependiente de una creencia en un derecho natural en un sentido muy especial de este término, un sentido en el que de ningún modo es cierto que haya sido refutada eficazmente por el positivismo jurídico. Es innegable que los ataques del positivismo jurídico han contribuido mucho a desacreditar esta parte esencial del credo liberal tradicional. La teoría liberal está, en efecto, en conflicto con el positivismo jurídico respecto de la afirmación de este último de que toda ley es o debe ser el producto de la voluntad (esencialmente arbitraria) de un legislador. Sin embargo, una vez aceptado el principio general de un orden que se mantiene por sí mismo, basado en la propiedad individual y en las reglas del contrato, se requerirán, dentro del sistema de reglas generalmente aceptadas, respuestas particulares a cuestiones específicas —hechas necesarias por la lógica del conjunto del sistema—, y las respuestas apropiadas a tales cuestiones tendrán que descubrirse más que inventarse arbitrariamente. Es de este hecho de donde brota la concepción legítima de que ciertas reglas, y no otras, vendrán exigidas por «la naturaleza del caso».

El ideal de la justicia distributiva ha atraído con frecuencia a los pensadores liberales, y se ha convertido probablemente en uno de los principales factores que llevaron a tantos de ellos del liberalismo al socialismo. La razón por la que debe ser rechazado por los liberales consecuentes es doble: no existen principios generales de justicia distributiva reconocidos o que puedan descubrirse, y, aun cuando pudiera llegarse a un acuerdo sobre tales principios, no podrían ponerse en práctica en una sociedad cuya productividad descansa en que los individuos sean libres de emplear su propio conocimiento y sus propias capacidades para sus propios fines. La garantía de beneficios concretos a personas concretas como recompensas correspondientes a sus méritos o necesidades, comoquiera que se valoren, requiere un tipo de orden de la sociedad enteramente distinto de aquel orden espontáneo que se formará por sí mismo si a los individuos sólo los limitan las reglas generales de conducta justa. Requiere un orden de la clase (mejor descrita como una organización) en la que se hace que los individuos sirvan a una jerarquía común y unitaria de fines, y se les exige hacer lo que se necesita a la luz de un plan de acción dotado de autoridad. Mientras que un orden espontáneo en este sentido no sirve a ningún orden único de necesidades, sino que se limita a proporcionar las mejores oportunidades para la consecución de una gran variedad de necesidades individuales, una organización presupone que todos sus miembros sirven al mismo sistema de fines. Y la clase de organización única y abarcadora del conjunto de la sociedad, que sería necesaria para asegurar que cada uno reciba lo que alguna autoridad considera que merece, debe producir una sociedad en la que cada uno deba además hacer lo que esa misma autoridad prescribe.

12. El liberalismo y la igualdad

El liberalismo se limita a exigir que, en la medida en que el Estado determine las condiciones bajo las cuales actúan los individuos, lo haga conforme a las mismas reglas formales para todos. Se opone a todo privilegio legal, a toda concesión por parte del gobierno de ventajas específicas a algunos que no ofrezca a todos. Pero como, sin el poder de coacción específica, el gobierno sólo puede controlar una pequeña parte de las condiciones que determinan las perspectivas de los distintos individuos, y como estos individuos son necesariamente muy diferentes, tanto en sus capacidades y conocimientos individuales como en el entorno particular (físico y social) en el que se encuentran, la igualdad de trato bajo las mismas leyes generales debe tener como resultado posiciones muy diferentes de las distintas personas; mientras que, para igualar la posición o las oportunidades de las distintas personas, sería necesario que el gobierno las tratara de manera diferente. El liberalismo, en otras palabras, se limita a exigir que el procedimiento, o las reglas del juego, mediante el cual se determinan las posiciones relativas de los distintos individuos, sea justo (o al menos no injusto), pero no que los resultados particulares de este proceso para los distintos individuos sean justos; porque estos resultados, en una sociedad de hombres libres, dependerán siempre también de las acciones de los propios individuos y de numerosas otras circunstancias que nadie puede determinar ni prever en su totalidad.

En el apogeo del liberalismo clásico, esta exigencia se expresaba comúnmente mediante el requisito de que todas las carreras estuvieran abiertas a los talentos, o, de manera más vaga e inexacta, como ‘igualdad de oportunidades’. Pero esto significaba en realidad únicamente que debían eliminarse aquellos obstáculos al ascenso a posiciones más altas que eran efecto de las discriminaciones legales entre personas. No significaba que con ello pudieran igualarse las posibilidades de los distintos individuos. No sólo sus diferentes capacidades individuales, sino sobre todo las inevitables diferencias de sus entornos individuales, y en particular de la familia en la que se criaron, seguirían haciendo muy distintas sus perspectivas. Por esta razón, la idea que tan atractiva ha resultado para la mayoría de los liberales, según la cual sólo puede considerarse justo un orden en el que las posibilidades iniciales de todos los individuos sean las mismas en el punto de partida, es irrealizable en una sociedad libre; requeriría una manipulación deliberada del entorno en el que trabajan todos los distintos individuos que sería completamente irreconciliable con el ideal de una libertad en la que los individuos puedan emplear su propio conocimiento y su propia destreza para configurar ese entorno.

Pero aunque existen límites estrictos al grado de igualdad material que puede alcanzarse por métodos liberales, la lucha por la igualdad formal, es decir, contra toda discriminación basada en el origen social, la nacionalidad, la raza, el credo, el sexo, etc., siguió siendo una de las características más fuertes de la tradición liberal. Aunque no creía que fuera posible evitar grandes diferencias en las posiciones materiales, esperaba quitarles su aguijón mediante un aumento progresivo de la movilidad vertical. El principal instrumento por el que esto había de asegurarse era la provisión (cuando fuera necesario con fondos públicos) de un sistema universal de educación que al menos colocara a todos los jóvenes al pie de la escalera por la que después podrían ascender de acuerdo con sus capacidades. Fue así, mediante la provisión de ciertos servicios a quienes aún no eran capaces de proveer por sí mismos, como muchos liberales se esforzaron por reducir al menos las barreras sociales que ataban a los individuos a la clase en la que habían nacido.

De compatibilidad más dudosa con la concepción liberal de la igualdad es otra medida que también obtuvo amplio apoyo en los círculos liberales, a saber, el empleo de la tributación progresiva como medio para efectuar una redistribución de la renta en favor de las clases más pobres. Dado que no puede hallarse ningún criterio por el que dicha progresión pueda hacerse corresponder a una regla que quepa decir que es la misma para todos, o que limitara el grado de carga adicional sobre los más acaudalados, parecería que una tributación generalmente progresiva está en conflicto con el principio de igualdad ante la ley, y así era considerada en general por los liberales en el siglo XIX.

13. El liberalismo y la democracia

Por su insistencia en una ley que es la misma para todos, y la consiguiente oposición a todo privilegio legal, el liberalismo llegó a asociarse estrechamente con el movimiento en favor de la democracia. En la lucha por el gobierno constitucional en el siglo XIX, el movimiento liberal y el democrático fueron en efecto a menudo indistinguibles. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se fue haciendo cada vez más patente la consecuencia del hecho de que las dos doctrinas se ocupaban en última instancia de cuestiones diferentes. El liberalismo se ocupa de las funciones del gobierno y, en particular, de la limitación de todos sus poderes. La democracia se ocupa de la cuestión de quién ha de dirigir el gobierno. El liberalismo exige que todo poder, y por tanto también el de la mayoría, esté limitado. La democracia llegó a considerar la opinión mayoritaria del momento como el único criterio de la legitimidad de los poderes del gobierno. La diferencia entre los dos principios se destaca con la mayor claridad si consideramos sus opuestos: el de la democracia es el gobierno autoritario; el del liberalismo es el totalitarismo. Ninguno de los dos sistemas excluye necesariamente el opuesto del otro: una democracia bien puede ejercer poderes totalitarios, y es al menos concebible que un gobierno autoritario actúe según principios liberales.

El liberalismo es así incompatible con la democracia ilimitada, así como es incompatible con todas las demás formas de gobierno ilimitado. Presupone la limitación de los poderes incluso de los representantes de la mayoría, al exigir un compromiso con principios bien explícitamente establecidos en una constitución, bien aceptados por la opinión general, de modo que limiten efectivamente la legislación.

Así pues, aunque la aplicación consecuente de los principios liberales conduce a la democracia, la democracia preservará el liberalismo sólo si, y mientras, la mayoría se abstenga de emplear sus poderes para conferir a sus partidarios ventajas especiales que no puedan ofrecerse de igual modo a todos los ciudadanos. Esto podría lograrse en una asamblea representativa cuyos poderes estuvieran limitados a aprobar leyes en el sentido de reglas generales de conducta justa, sobre las cuales es probable que exista acuerdo entre una mayoría. Pero es sumamente improbable en una asamblea que dirige habitualmente las medidas específicas del gobierno. En una asamblea representativa de esa índole, que combina verdaderos poderes legislativos con poderes gubernamentales, y que, por tanto, en el ejercicio de estos últimos no está limitada por reglas que no pueda alterar, no es probable que la mayoría se base en un verdadero acuerdo sobre principios, sino que probablemente consistirá en coaliciones de diversos intereses organizados que se concederán mutuamente ventajas especiales. Allí donde, como es casi inevitable en un cuerpo representativo con poderes ilimitados, se llega a las decisiones mediante un regateo de beneficios especiales para los distintos grupos, y donde la formación de una mayoría capaz de gobernar depende de tal regateo, es en verdad casi inconcebible que estos poderes se empleen únicamente en favor de los verdaderos intereses generales.

Pero si bien por estas razones parece casi seguro que la democracia ilimitada abandonará los principios liberales en favor de medidas discriminatorias que benefician a los diversos grupos que apoyan a la mayoría, es también dudoso que a la larga la democracia pueda preservarse a sí misma si abandona los principios liberales. Si el gobierno asume tareas demasiado extensas y complejas para ser guiadas eficazmente por decisiones mayoritarias, parece inevitable que los poderes efectivos recaigan en un aparato burocrático cada vez más independiente del control democrático. No es por tanto improbable que el abandono del liberalismo por parte de la democracia conduzca a la larga también a la desaparición de la democracia. Cabe en particular poca duda de que la clase de economía dirigida hacia la que la democracia parece tender requiere para su conducción eficaz un gobierno dotado de poderes autoritarios.

14. Las funciones de servicio del gobierno

La estricta limitación de los poderes gubernamentales a la imposición de las reglas generales de conducta justa que exigen los principios liberales se refiere únicamente a los poderes coactivos del gobierno. El gobierno puede prestar además, mediante el empleo de los medios puestos a su disposición, muchos servicios que no implican coacción alguna salvo la recaudación de los medios por la vía tributaria; y aparte quizá de algunas alas extremas del movimiento liberal, nunca se ha negado la conveniencia de que el gobierno emprenda tales tareas. Sin embargo, en el siglo XIX tenían todavía una importancia menor y principalmente tradicional, y fueron poco discutidas por la teoría liberal, que se limitaba a subrayar que esos servicios harían mejor en quedar en manos del gobierno local antes que del central. La consideración rectora era el temor de que el gobierno central se volviera demasiado poderoso, y la esperanza de que la competencia entre las distintas autoridades locales controlara y dirigiera eficazmente el desarrollo de estos servicios por cauces deseables.

El crecimiento general de la riqueza y las nuevas aspiraciones cuya satisfacción hizo aquél posible han conducido desde entonces a un enorme crecimiento de esas actividades de servicio, y han hecho necesaria una actitud mucho más definida hacia ellas que la que jamás adoptó el liberalismo clásico. No cabe duda de que existen muchos de esos servicios, conocidos por los economistas como ‘bienes públicos’, que son en alto grado deseables pero no pueden ser provistos por el mecanismo del mercado, porque, si se proveen, beneficiarán a todos y no pueden circunscribirse a quienes están dispuestos a pagar por ellos. Desde las tareas elementales de la protección contra el delito o la prevención de la propagación de enfermedades contagiosas y otros servicios de salud, hasta la gran variedad de problemas que las grandes aglomeraciones urbanas plantean de manera más aguda, los servicios requeridos sólo pueden proveerse si los medios para sufragar sus costes se recaudan por la vía tributaria. Esto significa que, si estos servicios han de proveerse en absoluto, al menos su financiación, si no necesariamente también su funcionamiento, debe ponerse en manos de organismos que tengan el poder de tributación. Esto no tiene por qué significar que se otorgue al gobierno el derecho exclusivo de prestar estos servicios, y el liberal deseará que quede abierta la posibilidad de que, cuando se descubran formas de proveer tales servicios mediante la empresa privada, esto pueda hacerse. Conservará asimismo la preferencia tradicional de que esos servicios se provean, en la medida de lo posible, por autoridades locales antes que centrales y se paguen mediante tributación local, ya que de este modo se preservará al menos cierta conexión entre quienes se benefician y quienes pagan por un determinado servicio. Pero más allá de esto el liberalismo apenas ha desarrollado principios definidos que guíen la política en este amplio campo de importancia cada vez mayor.

La incapacidad de aplicar los principios generales del liberalismo a los nuevos problemas se manifestó en el curso del desarrollo del moderno Estado del Bienestar. Aunque debería haber sido posible alcanzar muchos de sus fines dentro de un marco liberal, esto habría requerido un proceso experimental lento; sin embargo, el deseo de alcanzarlos por la vía más inmediatamente eficaz condujo en todas partes al abandono de los principios liberales. Aun cuando debería haber sido posible, en particular, proveer la mayoría de los servicios del seguro social mediante el desarrollo de una institución de verdadero seguro competitivo, y aun cuando incluso una renta mínima asegurada a todos podría haberse creado dentro de un marco liberal, la decisión de hacer del conjunto del ámbito del seguro social un monopolio gubernamental, y de convertir todo el aparato erigido a tal efecto en una gran maquinaria para la redistribución de las rentas, condujo a un crecimiento progresivo del sector de la economía controlado por el gobierno y a una constante disminución de la parte de la economía en la que aún prevalecen los principios liberales.

15. Tareas positivas de la legislación liberal

La doctrina liberal tradicional, sin embargo, no sólo fracasó en hacer frente adecuadamente a los nuevos problemas, sino que tampoco desarrolló jamás un programa suficientemente claro para el desarrollo de un marco jurídico concebido para preservar un orden de mercado eficaz. Si el sistema de libre empresa ha de funcionar de manera benéfica, no basta con que las leyes satisfagan los criterios negativos esbozados antes. Es también necesario que su contenido positivo sea tal que haga que el mecanismo del mercado opere satisfactoriamente. Esto requiere en particular reglas que favorezcan la preservación de la competencia y refrenen, en la medida de lo posible, el desarrollo de posiciones monopolísticas. Estos problemas fueron algo descuidados por la doctrina liberal del siglo XIX y sólo más recientemente fueron examinados sistemáticamente por algunos de los grupos ‘neoliberales’.

Es probable, no obstante, que en el campo de la empresa el monopolio nunca se habría convertido en un problema serio si el gobierno no hubiera asistido a su desarrollo mediante aranceles, ciertos rasgos del derecho de sociedades y del derecho de patentes industriales. Es una cuestión abierta si, más allá de dar al marco jurídico un carácter tal que favorezca la competencia, son necesarias o deseables medidas específicas para combatir el monopolio. Si lo son, la antigua prohibición del common law de las confabulaciones para restringir el comercio podría haber proporcionado un fundamento para tal desarrollo que, sin embargo, permaneció largo tiempo sin uso. Sólo de manera comparativamente tardía, comenzando con la Sherman Act de 1890 en los Estados Unidos, y en Europa en su mayor parte sólo tras la Segunda Guerra Mundial, se hicieron intentos de una legislación deliberada antimonopolio y anticártel que, a causa de los poderes discrecionales que solían conferir a los organismos administrativos, no eran del todo reconciliables con los ideales liberales clásicos.

El campo, sin embargo, en el que la incapacidad de aplicar los principios liberales condujo a desarrollos que impidieron cada vez más el funcionamiento del orden de mercado, es el del monopolio del trabajo organizado o de los sindicatos. El liberalismo clásico había apoyado las demandas de los trabajadores de ‘libertad de asociación’, y quizá por esta razón después no logró oponerse eficazmente al desarrollo de los sindicatos hasta convertirse en instituciones privilegiadas por la ley para emplear la coacción de un modo no permitido a ningún otro. Es esta posición de los sindicatos la que ha vuelto en gran medida inoperante el mecanismo del mercado para la determinación de los salarios, y es más que dudoso que pueda preservarse una economía de mercado si la determinación competitiva de los precios no se aplica también a los salarios. La cuestión de si el orden de mercado seguirá existiendo o si será sustituido por un sistema económico planificado centralmente bien puede depender de que resulte posible, de algún modo, restablecer un mercado de trabajo competitivo.

Los efectos de estos desarrollos se manifiestan ya en el modo en que han influido en la acción gubernamental en el segundo campo principal en el que generalmente se cree que un orden de mercado en funcionamiento requiere una acción positiva del gobierno: la provisión de un sistema monetario estable. Mientras que el liberalismo clásico suponía que el patrón oro proporcionaba un mecanismo automático para la regulación de la oferta de dinero y crédito que sería adecuado para asegurar un orden de mercado en funcionamiento, los desarrollos históricos han producido de hecho una estructura crediticia que ha llegado a ser en alto grado dependiente de la regulación deliberada por una autoridad central. Este control, que durante algún tiempo había estado puesto en manos de bancos centrales independientes, ha sido en los tiempos recientes transferido en la práctica a los gobiernos, en gran parte porque la política presupuestaria ha sido convertida en uno de los principales instrumentos del control monetario. Los gobiernos se han vuelto así responsables de determinar una de las condiciones esenciales de las que depende el funcionamiento del mecanismo del mercado.

En esta posición, los gobiernos de todos los países occidentales se han visto forzados, a fin de asegurar un empleo adecuado a los salarios encarecidos por la acción sindical, a llevar a cabo una política inflacionista que hace que la demanda monetaria crezca más deprisa que la oferta de bienes. Esto los ha empujado a una inflación que se acelera y que, a su vez, se sienten obligados a contrarrestar mediante controles directos de los precios que amenazan con volver cada vez más inoperante el mecanismo del mercado. Éste parece ser ahora el modo en que, como ya se indicó en la sección histórica, el orden de mercado que es el fundamento de un sistema liberal será destruido progresivamente.

16. Libertad intelectual y material

Las doctrinas políticas del liberalismo en las que se ha concentrado esta exposición les parecerán a muchos que se consideran liberales no la totalidad, ni siquiera la parte más importante, de su credo. Como ya se ha indicado, el término «liberal» se ha empleado a menudo, y particularmente en tiempos recientes, en un sentido en el que describe ante todo una actitud mental general más que opiniones específicas sobre las funciones propias del gobierno. Resulta, por tanto, apropiado volver en conclusión a la relación entre esos fundamentos más generales de todo pensamiento liberal y las doctrinas jurídicas y económicas, a fin de mostrar que estas últimas son el resultado necesario de la aplicación consecuente de las ideas que condujeron a la exigencia de libertad intelectual en la que coinciden todas las distintas corrientes del liberalismo.

La convicción central de la que cabe decir que brotan todos los postulados liberales es que cabe esperar soluciones más logradas a los problemas de la sociedad si no nos apoyamos en la aplicación del conocimiento dado de una sola persona, sino que fomentamos el proceso interpersonal de intercambio de opiniones del que cabe esperar que surja un mejor conocimiento. Es la discusión y la crítica mutua de las distintas opiniones de los hombres, derivadas de experiencias distintas, lo que se suponía que facilitaba el descubrimiento de la verdad, o al menos la mejor aproximación a la verdad que pudiera alcanzarse. La libertad de la opinión individual se exigía precisamente porque se consideraba a todo individuo falible, y el descubrimiento del mejor conocimiento solo se esperaba de aquel continuo examen de todas las creencias que aseguraba la libre discusión. O, dicho de otro modo, no era tanto del poder de la razón individual (de la que los liberales genuinos desconfiaban) cuanto de los resultados del proceso interpersonal de discusión y crítica de donde se esperaba un avance progresivo hacia la verdad. Incluso el crecimiento de la razón y el conocimiento individuales se considera posible solo en la medida en que el individuo forma parte de este proceso.

Que el avance del conocimiento, o el progreso, que aseguraba la libertad intelectual, y el consiguiente aumento del poder de los hombres para alcanzar sus fines, fuera eminentemente deseable, era uno de los presupuestos incuestionados del credo liberal. A veces se afirma, no del todo justamente, que su énfasis recaía por entero en el progreso material. Aunque es cierto que esperaba la solución de la mayoría de los problemas del avance del conocimiento científico y tecnológico, lo combinaba con una creencia algo acrítica, aunque probablemente justificada de manera empírica, de que la libertad traería también progreso en la esfera moral; parece al menos cierto que durante los períodos de civilización en avance llegaron a aceptarse de modo más amplio concepciones morales que en períodos anteriores solo habían sido reconocidas de forma imperfecta o parcial. (Es quizá más dudoso que el rápido avance intelectual que produjo la libertad condujera también a un crecimiento de las sensibilidades estéticas; pero la doctrina liberal nunca reivindicó influencia alguna a este respecto.)

Sin embargo, todos los argumentos en favor de la libertad intelectual se aplican igualmente al caso de la libertad de hacer cosas, o libertad de acción. Las experiencias variadas que conducen a las diferencias de opinión de las que se origina el crecimiento intelectual son a su vez el resultado de las distintas acciones emprendidas por distintas personas en distintas circunstancias. Tanto en la esfera intelectual como en la material, la competencia es el procedimiento de descubrimiento más eficaz que llevará a encontrar mejores vías para la consecución de los fines humanos. Solo cuando puedan ensayarse muchísimas maneras distintas de hacer las cosas existirá tal variedad de experiencia, conocimiento y destrezas individuales, que una selección continua de las más logradas conduzca a una mejora constante. Como la acción es la principal fuente del conocimiento individual sobre el que se basa el proceso social de avance del conocimiento, el caso a favor de la libertad de acción es tan sólido como el caso a favor de la libertad de opinión. Y en una sociedad moderna basada en la división del trabajo y el mercado, la mayoría de las nuevas formas de acción surgen en el ámbito económico.

Hay, sin embargo, todavía otra razón por la cual la libertad de acción, especialmente en el ámbito económico que tan a menudo se presenta como de importancia menor, es de hecho tan importante como la libertad del espíritu. Si es el espíritu el que elige los fines de la acción humana, su realización depende de la disponibilidad de los medios requeridos, y todo control económico que da poder sobre los medios da también poder sobre los fines. No puede haber libertad de prensa si los instrumentos de impresión están bajo el control del gobierno, ni libertad de reunión si los locales necesarios están así controlados, ni libertad de movimiento si los medios de transporte son un monopolio gubernamental, etc. Esta es la razón por la cual la dirección gubernamental de toda la actividad económica, emprendida a menudo con la vana esperanza de proporcionar medios más amplios para todos los fines, ha traído invariablemente severas restricciones de los fines que los individuos pueden perseguir. Es probablemente la lección más significativa de la evolución política del siglo XX que el control de la parte material de la vida haya dado al gobierno, en lo que hemos aprendido a llamar sistemas totalitarios, poderes de gran alcance sobre la vida intelectual. Es la multiplicidad de agencias diferentes e independientes dispuestas a suministrar los medios lo que nos permite elegir los fines que perseguiremos.